Desde el verano de 2011 el mercado europeo de derechos de emisiones de CO2 continúa en caída libre, hace un año estábamos por encima de los 10€/ton y hoy estábamos por debajo de los 6€. Las causas son muchas, principalmente el superávit de derechos de emisiones que se ha generado por la reducción de las emisiones antes de lo previsto por la crisis, por lo tanto menos demanda de derechos de las empresas; los bloqueos polacos en la UE; la nueva directiva de eficiencia que hará que sobren más derechos; la bajada del precio del petróleo; y la última adjudicación de derechos para impulsar la energía renovable.
Existen muchas dudas sobre el derecho de emisiones, el sistema europeo del 2005, impone a 11.000 fábricas un límite de CO2, sus gobiernos les asignan los derechos y pueden vender el excedente o comprar lo que les falta. Con la crisis la producción está siendo menor y supuso el año pasado una lluvia de millones en el sector del cemento que obtuvo un exceso de asignación de 11,75 millones de toneladas de CO2. Al precio de hoy (tras el desplome), esto supone que el sector acumula derechos valorados en 152 millones. Hace un par de años los expertos suponían cifras de 60 euros tras el final de la crisis (llegó a estar a 30€/ton en los primeros años), pasando por una drástica reducción de derechos de emisiones o por la inclusión de impuestos a los grandes emisores. Actualmente nadie se atreve a decir algo semejante.
En este sentido, Australia pondrá en marcha próximamente un impuesto para penalizar a los grandes emisores de CO2. La tasa gravará a partir de este año con 23 dólares australianos (17,3 euros) la emisión de cada tonelada de dióxido de carbono, Australia pretende reducir 159 millones de toneladas de dióxido de carbono al año para 2020, lo que significa reducir las emisiones un 5% en relación con los niveles de 2000. La Unión Europea y el Gobierno australiano han acordado este verano interconectar sus respectivos sistemas de comercio de emisiones de CO2 de manera parcial en un primer momento a partir de 2015 y de forma plena desde 2018. La Comisión informa que se traducirá en “una disminición del coste para reducir la contaminación mejorando la liquidez en el mercado de emisiones, además de contribuir a apoyar la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático” (sic).
España se gastó 770 millones de euros en comprar derechos de emisión de CO2 durante los últimos cuatro años, y se convirtió en el segundo país, tras Japón, que más derechos o ha comprado debido al alto consumo energético de su transporte, ciudadanos y hogares. Solamente invirtiendo en proyectos que fomenten la eficiencia energética y la reducción de emisiones se podrá conseguir cumplir el presupuesto del 2012 para la compra de emisiones que es de 42 millones de euros. Las empresas de sectores relacionados con la construcción como el siderúrgico, cemento, vidrio, cerámica, etc. tienen asignado un cupo gratuito y se exceden deben comprar derechos, aunque en una época de fuerte recesión de la construcción, sirve de subvención encubierta. En el 2013 las empresas españolas verán reducida esta asignación en un 54%, por lo que las políticas de reducción de emisiones serán claves para no asistir al mercado europeo de emisiones.
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